Por: Daniel David Gómez Caraballo
La violencia es una de las problemáticas más grandes que afronta Colombia. Los colombianos han normalizado las dinámicas de conflicto armado y violencia, llegando a percibir las situaciones anómalas como ordinarias. Esa histórica normopatía la estamos viviendo cada día con mayor crudeza en los asesinatos a defensores de DD.HH., masacres y homicidios a líderes sociales que participan en las movilizaciones, como es el caso de Esteban Mosquera en Popayán.
La persecución de líderes sociales es crítica: asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos, del campesinado, de restitución de tierras, ambientalistas y étnicos. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 son más de 900 líderes asesinados (Deutsche Welle). Según INDEPAZ (2021), son 109 los líderes sociales asesinados desde enero de 2021 hasta la fecha, y en la costa norte de Colombia van 7 (UNCaribe, 2021). La situación se ha degradado tanto que es común escuchar entre las personas expresiones como “¿Para qué son líderes sociales si saben que los van a matar?” o “Prefiero ser cualquier cosa menos líder social”. Un panorama delirante.
Otro escenario es el constituido por las masacres, las cuales tienden a ocurrir en las partes rurales de los municipios. En un informe, Indepaz señala que en el 2020 hubo 76 masacres con 292 asesinados, en otras palabras, en cada masacre hubo aproximadamente 4 personas asesinadas. Desde enero hasta de agosto del año pasado se registraron 43 masacres con 181 víctimas. Para ese mismo período en 2021 el panorama es casi idéntico, se contabilizan 41 masacres con 158 víctimas mortales. Todavía quedan 4 meses para que termine el año, ¿Terminaremos igual o peor que en el 2020?
Lo más doloroso es que estos fenómenos no paran, se normalizaron. Ahora,
existe un escenario que se está configurando alrededor de los asesinatos de
líderes que participan en las protestas, sobre todo los líderes estudiantiles.
Algunos medios hablan de 27, otros de 48 y hasta de 74 muertos durante las
protestas. Dentro de esos asesinados está el joven Lucas Villa en Pereira en el 2021, y otro ejemplo de líder estudiantil asesinado, pero en el 2016, es Miguel Barbosa en Bogotá.
El reciente homicidio de Esteban Mosquera manifiesta algo más escabroso, no se trata del asesinato de un líder en el momento de la protesta o en el marco de esta, si no, de un crimen cometido con posterioridad a la movilización. ¿Será esto un caso aislado o se convertirá en una nueva tendencia, cómo la persecución a líderes y las masacres?
La actuación del Estado en sus distintos niveles y organismos es precaria para atender las notables violaciones de derechos humanos en el territorio. Mientras tanto, los colombianos nos sentimos a merced de los diferentes actores violentos.
Parece no haber límites. Por ese motivo, responder frente a un escenario tan complejo con el solo ofrecimiento de recompensas -como ocurrió en el asesinado de Esteban- es optar por una solución precaria. ¿Cuántos jóvenes más necesitan ser asesinados por el simple hecho de ejercer el derecho a la protesta?
La respuesta de la sociedad debe ser contundente y los colombianos no podemos seguir actuando como si nada estuviera pasando. Hay que exigir respuestas contundentes de las autoridades, de lo contrario, lo que le pasó a Esteban y a muchos otros puede seguir ocurriendo. “Hoy son ellos, mañana puedes ser tú”.
