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    Protesta social para reclamación de derechos en contexto de pandemia

    por Foro Nacional Costa Atlántica
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    Protesta social y pandemia en el departamento del Atlántico” es un documento elaborado por la Fundación Foro Costa Atlántica, donde se presenta un balance de las protestas sociales ocurridas en el departamento -incluyendo el Distrito de Barranquilla- entre el mes de marzo y principios de julio de 2020. De acuerdo con este informe, en la ciudad se han presentado 20 protestas desde la declaración de estado de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia. Sus conclusiones fueron analizadas el pasado 27 de julio en un conversatorio del que participaron Alejandro Blanco (Universidad del Atlántico), Dina Luz Pardo (Asocentro), Ángel Salas (Anthoc) y Juan Carlos Ospino (Comisión Colombiana de Juristas)

    El departamento del Atlántico y en especial su capital, han sido afectados fuertemente por el Covid -19 con 27.226 personas contagiadas, según el reporte del 28 de julio del Instituto Nacional de Salud. La crisis sanitaria también ha desembocado en una crisis social que ha evidenciado las condiciones de desigualdad y pobreza mimetizadas por más de una década en inversiones a la infraestructura de la ciudad. Lo anterior, sumado a la ampliación del aislamiento preventivo y la falta de una respuesta institucional oportuna, articulada y participativa.

    Esta situación ha llevado a los ciudadanos a recurrir a la protesta y la movilización social para hacer exigibilidad de derechos como la salud, el trabajo, alimentación y la garantía de acceso a servicios públicos, entre otros. En este sentido, la protesta social es una consecuencia de las fallas en la respuesta institucional a las demandas de la ciudadanía y cobra gran importancia como mecanismo dentro de nuestro sistema democrático para llamar la atención de las autoridades y la ciudadanía frente a las problemáticas que viven diferentes sectores de la sociedad para conducir estas reclamaciones a escenarios de discusión y concertación con la institucionalidad.

    De acuerdo con Juan Carlos Ospino, de la Comisión Colombiana de Juristas, con ocasión de la pandemia, la protesta social se ve limitada más no prohibida por las determinaciones sanitarias sobre libre la movilización, pues en las formas tradicionales de protesta y movilización social las grandes aglomeraciones son el elemento central. No obstante, existen otras formas de manifestaciones de reclamo social que no representan un peligro para la salud pública.

    El pasado martes 21 de julio, la Asociación de Comerciantes del centro de Barranquilla (Asocentro), llevó a cabo una manifestación con éxito considerable con relación al impacto mediático a nivel local y nacional. Esta protesta se organizó a lo largo de los andenes, manteniendo una distancia prudente entre los manifestantes, y sin recurrir al bloqueo de vías principales. De esta misma forma, los trabajadores de salud y sindicalistas de Anthoc vienen ejerciendo su exigibilidad de derechos ante las autoridades por sus condiciones laborales. Estos son ejemplos en los que se puede evidenciar la posibilidad de adaptación de la protesta a las actuales circunstancias.

    Por otro lado, los nuevos escenarios de protestas han puesto a las TIC y redes sociales como un elemento esencial para ubicar los temas de interés en la agenda local. Ejemplo de estos ejercicios de reclamación en redes es el hashtag #AlertaRojaBarranquilla que en su momento fue impulsado por líderes y organizaciones sociales de la ciudad para hacer el llamado a las autoridades frente la atención de la pandemia y la lenta respuesta institucional ante el desbordamiento de las unidades de cuidado intensivo.

    Finalmente, las autoridades locales, como garantes de derechos, están en la responsabilidad de salvaguardar la función democrática de la protesta social como un mecanismo de participación ciudadana. Así mismo, a nivel departamental y distrital es fundamental que las autoridades y la fuerza pública respeten lo estipulado en instrumentos normativos como la Resolución 1190 del Ministerio del Interior y el recién aprobado Decreto 0223, que a nivel distrital estableció el protocolo para las garantías de la protesta pacífica y la movilización social en Barranquilla.

    Por: Elizabeth Maquilón.

    Coordinadora Programa Convivencia Pacífica.

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