Por: Claudeth Andrea Ospina
La respuesta de Iván Duque frente a la grave crisis medioambiental, ha sido muy parecida a la de muchas otras problemáticas, se muestra entusiasta por liderar un cambio pero es precisamente bajo su mandato que los líderes ambientales apenas sobreviven. El último informe de la ONG Global Witness posicionó a Colombia como el país donde más asesinan a líderes medioambientales. Según esta organización, de los 227 líderes ambientales asesinados en el mundo durante el 2020, 65 de estos eran colombianos; es decir, 1 de cada 3 asesinatos de líderes ambientalistas ocurrieron en nuestro país.
Esta es la segunda vez que Colombia se posiciona como el país donde existen mayores asesinatos a líderes ambientales. La organización expuso que los ataques contra personas defensoras de tierra y ambiente han ido escalando desde 2018. Para 2019, se registró el número más alto de asesinatos en el país, alcanzando las 64 personas. Si bien este número no tiene grandes diferencias con los asesinatos de 2020, sí evidencia que el problema no se ha solventado y que necesita una fuerte atención por parte de la institucionalidad.
Es un contexto que no sólo sufren los líderes ambientales, dichos asesinatos se configuran como la expresión de un problema más profundo que obedece al contexto nacional propio: la sistematicidad con que se atacan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz y la proliferación de no uno, sino muchos conflictos armados ha llevado a un rotundo aumento de la violencia.
Según Indepaz, para el 2020 fueron asesinados 316 líderes sociales y defensores de DDHH, cifra que para lo que va del 2021 se ubica en 116. Frente a esto, Reynell Badillo, investigador del Centro de Pensamiento UNCARIBE, plantea que“es posible que el hecho de que las cifras se mantengan (incluso se reduzcan en algunas subregiones) permita normalizarlo, o considerar que no hay problemas con que suceda. Los líderes sociales siguen viviendo en condiciones de acoso y peligro, con la diferencia de que cada vez están menos en la discusión pública, lo que los hace más vulnerables”.
Bajo esta lógica, resulta increíble pensar que en un país donde la realidad es tan dura para los defensores medioambientales persista el discurso frívolo en contra del Acuerdo de Escazú. El proyecto ha sido hundido en reiteradas ocasiones a través de la postergación de los debates y su exclusión de la agenda legislativa. En sus discursos protocolarios, Duque ha manifestado la intención expresa de ratificarlo, pero, al mismo tiempo, sus aliados políticos aportan a la dilatación del proceso en el capitolio. Así que, una vez más, el gobierno dice una cosa pero en realidad termina actuando en contravía a su discurso, invisibilizado y apartando estos temas de la agenda pública.
La postergación de la ratificación del acuerdo, más allá de si éste asegurará o no que disminuya la violencia hacia líderes ambientales, evidencia el desinterés del gobierno con la realidad de los líderes. La indiferencia ha jugado un papel clave, demostrando una vez más la desconexión del gobierno nacional con las problemáticas propias de los colombianos. Tal como plantea Badillo, “en el centro de la no ratificación de Escazú está el desinterés por solucionar el problema y, con esto, mayores incentivos para asesinar, porque en este país el homicidio de un líder social parece no tener ninguna consecuencia”.
Esta no es sólo una problemática que atenta contra la vida de los líderes, sin duda nos afecta a cada uno de los colombianos, es una lucha contrarreloj frente a una gran crisis climática global. No se pueden seguir cobrando vidas por intentar defenderla. El gobierno debe dejar de evadir su obligación como defensor y garante de los derechos humanos. Sin acciones contundentes provenientes desde la institucionalidad, será muy difícil salir de esta retórica de violencia en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo.
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