Desde el año 2017, la Corte Constitucional advirtió a través de un fallo sobre las afectaciones ambientales derivado de la explotación minera y el desvío del Arroyo Bruno. Sin embargo, las entidades gubernamentales y el Cerrejón, desconocieron en su momento esta decisión, generando graves afectaciones ambientales. El día martes 29 de septiembre se emite nuevamente un llamado, esta vez a través del relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, pidiendo suspender (al menos temporalmente) las actividades de la mina de carbón el Cerrejón. Sin embargo, parece existir nuevamente un desinterés por parte del gobierno en acatar la petición y pedir formalmente la detención de las actividades. La petición, hace posar nuevamente los ojos de la comunidad internacional sobre las problemáticas ambientales y sociales, develando la debilidad institucional y los pocos controles al sector extractivo, que trae consigo la explotación masiva de este recurso mineral, y reabre un debate de vieja data en el país, que hoy por la actual crisis sanitaria por el Covid-19, se hace más pertinente.
Desde la Fundación Foro Costa Atlántica, hemos tenido la oportunidad de acompañar a la comunidad de Albania en el año 2018 (en cuya jurisdicción se encuentra una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, operada por Cerrejón) con el proyecto “Conflictos Ambientales Participación Ciudadana y Construcción de Paz”. financiado por la Ford foundation cooperación internacional, cuyo principal objetivo fue crear las condiciones para el diálogo continuo entre varios actores; líderes y lideresas sociales, autoridades tradicionales, jóvenes y funcionarios públicos, con el fin de tener una visión más amplia de las problemáticas socio ambientales y buscar soluciones.Así mismo y de forma paralela en cinco municipios de la Guajira, ejecutamos con el auspicio de Transparencia por Colombia y el DNP, el proyecto “Promoción de las Auditorías Ciudadanas para el control social a la ejecución de los proyectos de desarrollo local financiados por el Sistema General de Regalías (SGR)”, el cual tuvo como objetivo lograr consolidar una metodología de control social alrededor de los recursos del Sistema General de Regalías.
Estos proyectos nos permitieron hacer una caracterización del territorio, mapeo de actores e identificar las principales problemáticas socio ambientales y las graves consecuencias ambientales, entre ellas se destaca la deforestación, la extinción de especies animales, daños en el subsuelo, escasez y contaminación de las principales fuentes hídricas y afectaciones en la salud de su población. Es necesario darle un respiro a la naturaleza, y apostarle a la política pública del sector extractivo en el país. El Estado debe garantizar controles eficientes para que multinacionales cumplan los protocolos establecidos y no generen daños medioambientales irrecuperables.
Sin embargo, existen otro tipo de dificultades en relación al ejercicio de la participación ciudadana, que se suman también a los problemas de tipo social. En el municipio de Albania, a pesar de existir diversos espacios formales de participación, parece haber un desinterés generalizado en la población. Diversos líderes de todo tipo, aluden que la participación está mayoritariamente vinculada con el Cerrejón, por lo que se dificulta hacer parte de procesos, pues muchos tienen personas trabajando actualmente en el proyecto minero. De igual forma, muchos ciudadanos sostienen que no son tenidos en cuenta como desearían en la planeación y ejecución de proyectos, y que las inversiones no están acordes con las necesidades que más apremian a la comunidad.
Adicionalmente, es importante resaltar que a lo anterior se le suma una débil identificación de las necesidades de la comunidad y la dirección de los recursos en consecuencia de estas. Segundo, se evidenciaron problemas para la ejecución misma de los proyectos, y un bajo control y seguimiento de estos, lo que causa el detrimento de los recursos y la afectación nuevamente a las comunidades que no reciben respuesta a sus necesidades. Tercero, hay una clara debilidad del acceso a la información y del conocimiento de las comunidades sobre la normatividad frente a cómo se implementan las regalías y su uso.
Para concluir, desde la Fundación Foro Costa Atlántica hacemos el llamado a las autoridades nacionales no solo a que escuchen el llamado del relator de la ONU, sino también a que escuchen el llamado de las comunidades. Una gran cantidad de problemas pueden ser resueltos a través del diálogo constante, la planeación efectiva acorde con las necesidades, la inclusión y la apuesta por la participación ciudadana, y el fortalecimiento de procesos de veeduría. Ya es momento para que el país priorice el cuidado de los recursos naturales, la protección del patrimonio cultural, el respeto a la diversidad y el cuidado de los recursos públicos. Como organización nos sumamos a la visibilización de las diversas dificultades que han vivido por décadas los municipios del departamento de la Guajira, e invitamos a convertir la lucha por el medio ambiente en un asunto superior a las coyunturas políticas: comprometerse con el cuidado del medio ambiente, es comprometerse con el cuidado de la vida.
