Créditos de la imagen: © AFP 2021 / Luis Robayo
La violencia en el país parece no dar tregua. El más reciente informe de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Colombia, señala que durante el 2020 se realizaron 76 masacres en Colombia, en las que fueron asesinadas 292 personas y que más de 25 mil fueron desplazadas forzosamente. Sólo en lo que va del año 2021, ya han sido asesinados 10 excombatientes firmantes del acuerdo, y 28 líderes sociales y defensores de derechos humanos (Indepaz). Preocupante situación, y eso sin mencionar el alto porcentaje de impunidad que es recurrente en estos casos.
El gobierno nacional se enfoca en justificar lo injustificable, atacar el Acuerdo de Paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVRNR) que implica el trabajo en entidades como JEP y la Comisión de la Verdad. A la grave situación de desprotección que han sufrido los líderes sociales en nuestro país, se le suma ahora una fallida estrategia para proteger a los excombatientes, y con ellos, la integridad del acuerdo de paz. ¿Hasta cuándo dejarán de ser parte marginal de la agenda gubernamental? ¿Qué nuevas políticas se implementarán para proteger la vida de líderes, defensores de DDHH y excombatientes en este momento crucial de la implementación del acuerdo?
El conflicto en Colombia se reconfiguró, pasando de tener unas jerarquías evidentes a tener muchos grupos enfrentados entre sí con intereses distintos. Continúa la guerra perdida contra las drogas mientras el gobierno insiste en la aspersión con glifosato como la única solución a la violencia, y sobre todo insiste en ir en contravía de una agenda mundial que le apuesta a soluciones diferentes. Se insiste en seguir haciendo los mismos diagnósticos, implementando las mismas estrategias y obteniendo los mismos resultados.
En contraste, a nivel internacional aumenta el respaldo a la implementación del proceso de paz y se suman voces de preocupación por las violaciones de derechos humanos en nuestro país. La ONU, Human Right Watch, distintos gobiernos europeos y ahora los Estados Unidos, en cabeza del nuevo presidente Joe Biden, manifiestan sus preocupaciones y reconfirman que la paz de Colombia sigue siendo un asunto de la agenda internacional. Queda por evaluar cuál será la respuesta de un gobierno que está acostumbrado a mantener un discurso “propaz” ante la comunidad internacional y una agenda política contraria al interior del país.
Nos encontramos en un momento crucial para la supervivencia del acuerdo, que requiere sobre todo, respaldo ciudadano e internacional. Hay que rodear el SIVJRNR ante los constantes ataques que recibe desde distintos sectores. La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- ha tenido unos importantes avances que también intentan ser desconocidos y deslegitimados por el gobierno y los sectores políticos que lo rodean. Los más recientes informes sobre la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, para lo cual ha llamado a responder a las FARC, y el impactante informe sobre los más de 6 mil casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” por parte de agentes del estado, es una muestra de la importancia de reconstruir la verdad y reconocer los impactos del conflicto.
En este contexto de avances y retrocesos, la agenda de la paz sigue estando vigente y debe ser un tema central de las discusiones y propuestas de cara al proceso electoral de 2022.
